Contrario a lo que reflejan diversos estudios, las autoridades de Chile insisten en culpar a la migración de la creciente inseguridad en lugar de llevar adelante políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión.

Fiel a la postura de negar las consecuencias del neoliberalismo, el presidente de Chile, José Antonio Kast, viajó este lunes a la ciudad de Arica, en el norte, para dar inicio formal a un «ambicioso» plan de «seguridad» denominado Escudo Fronterizo. El mandatario afirmó que la medida responde a las situaciones dramáticas que vive la zona norte chilena y contempla la decisión de cerrar las fronteras ante la migración irregular.

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De acuerdo con medios locales, las autoridades comenzarán la excavación de zanjas con una profundidad de tres metros en los pasos ilegales más recurrentes de las zonas de Chacalluta y Colchane. Estas barreras físicas, que se extenderán por casi 300 kilómetros, tienen como objetivo principal impedir el tránsito de vehículos y caravanas que, según el Gobierno, intentan ingresar desde Perú y Bolivia.

Además del obstáculo geográfico, el plan contempla un incremento sustancial del despliegue militar en la frontera mediante turnos rotativos para garantizar presencia las 24 horas. Se usarán drones autónomos con sistemas de reconocimiento facial y se construirán vallas electrificadas en los puntos considerados críticos.

La estrategia prevé amedrentar a migrantes pobres que huyen de la falta de oportunidades y de la violencia que afecta sus comunidades. Para ello, no distingue necesariamente entre migrantes y delincuentes, lo cual también busca confundir y persuadir de la «justeza» de estas medidas. En Arica, Kast explicó que toda persona detectada ingresando al territorio nacional por pasos no habilitados será retenida de forma inmediata en centros de internación provisoria. Al mejor estilo de los centros de retención del ICE en Estados Unidos, estos recintos funcionarán como espacios de custodia obligatoria hasta que el Estado chileno logre gestionar y ejecutar la expulsión definitiva de los ciudadanos extranjeros implicados.

Actualmente, residen en Chile cerca de dos millones de migrantes, lo que representa aproximadamente el 10 por ciento de la población total del país suramericano. De ellos, casi uno de cada seis —alrededor del 17,6 %— estaría en situación irregular. El flujo migratorio proviene principalmente de Venezuela, Perú, Colombia y Haití. Sectores con mayores ingresos están interesados en una narrativa que criminaliza a los migrantes y han presionado la agenda política interna hacia posturas de mayor «control fronterizo».

Finalmente, Kast ratificó que su Gobierno mantendrá una política de cero tolerancia contra el tráfico de personas y la delincuencia transnacional.

A juicio del periodista, comunicador social, gestor cultural y vocero de la Asociación de Medicina Antroposófica (AMA) de Chile, Juan Carlos Hernández Caycho, la participación de extranjeros en la criminalidad es minoritaria si se compara con la proporción de chilenos involucrados en delitos. 

En un artículo publicado en un medio alternativo, el experto cita que entre enero de 2022 y marzo de 2023, aproximadamente el 9,2 % de las personas formalizadas por delitos era extranjera. «Esto significa —explica— que cerca del 90 % de quienes delinquen en el país son chilenos. Por su parte, los hogares víctimas de delitos violentos alcanzaron al 8,5 % en 2024, y el 87,7 % de la población siente que la delincuencia ha aumentado en el país (…) un 60 % de las personas atribuye la delincuencia al fenómeno de la inmigración irregular«.

Para Hernández Caycho, «lo preocupante no es tanto el origen del delincuente, sino la falta de respuesta estructural frente al fenómeno delictual en general», asegura antes de alertar que «ese tipo de discursos puede derivar en xenofobia y violencia social, afectando la convivencia y debilitando los lazos humanos que tanto necesita el país».

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